AFINANDO RAZONES EN LA MIGRACION.- El viceministro de Naturalización y Asuntos Migratorios del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, calificó como una amenaza para la soberanía de la República Dominicana los intentos de algunos sectores de imponer, de manera encubierta, la concesión de la nacionalidad a personas extranjeras que no cumplen con los requisitos legales establecidos.
Rosario afirmó que, bajo el pretexto de defender los derechos humanos de individuos que han ingresado al país de manera ilegal, se desplegó un conjunto de directrices que buscan desconocer el derecho soberano del pueblo dominicano, que lo respaldan tratados internacionales que regulan las relaciones entre los Estados.
El funcionario aclaró que no se puede exigir al Estado dominicano asumir responsabilidades que no le corresponden. Tales como proveer servicios de salud, educación o nacionalidad a personas que no cumplen con los requisitos legales.
Asimismo, subrayó que no es aceptable que ningún funcionario o ciudadano comprometa los recursos del Estado para afrontar las consecuencias derivadas de la entrada irregular de extranjeros, lo cual contraviene las leyes nacionales.
«Los derechos humanos colectivos, o de tercera generación, reconocen el derecho de los pueblos a la libre determinación. En ese sentido, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra este principio, permitiendo a los pueblos definir su condición política y fomentar su desarrollo económico, social y cultural», destacó Rosario.
El viceministro lamentó que aquellos que defienden la soberanía nacional frente a estas presiones internacionales son objeto de aislamiento deliberado y difamaciones, destacando que la defensa de la nación no admite términos medios.
«La defensa de nuestro hogar patrio es clara: o se protege o se pone en riesgo, sin lugar para ambigüedades o manipulaciones», añadió.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Rosario también recordó que el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que cada Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas que se encuentren dentro de su territorio, siempre que estas estén sujetas a su jurisdicción.
En este contexto, planteó la pregunta: «¿Puede un ciudadano o funcionario dominicano, por motivaciones personales, disponer de los recursos del pueblo para beneficiar a una población extranjera?».
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